El ya conocido como “Caso Uniformes” se ha convertido en el mayor problema del gobierno socialista de Torrent en lo que va de legislatura. Un cumulo de irregularidades que suman un gasto de 205.000 euros en uniformidad, paralizado inicialmente por los populares en la mesa de contratación pero que finalmente fue adjudicado, a los colores permitidos en el decreto 114/2005 de la Generalitat, a «la ausencia de certificados de calidad» y a la proposición de adjudicación «a la empresa más cara».

El Síndic de Greuges tal y como ha indicado en un escrito notificado al ayuntamiento el 27 de Enero ya ha iniciado la investigación, solicitando toda la información sobre el pliego y el proceso de contratación al consistorio.

Los populares afirman que se ha producido una adjudicación con multitud de sombras y no descartan la vía judicial, de hecho confirman que el equipo jurídico del partido ya se encuentra estudiando el caso.

El edil popular responsable de la materia, Nacho Carratalá ha afirmado que “se trata de una contratación cuanto menos sospechosa, el pliego recoge un gasto un 400% superior al de otras ocasiones, amparado en una supuesta calidad, pero todavía no hemos visto los certificados solicitados hace más de un mes. Han retorcido el pliego incumpliendo el decreto 114/2005 con los colores, de tal forma que muchas empresas se han quedado fuera ya que fabrican en base a decreto, solo una empresa tenia esos colores y que justo que era la empresa más cara”.

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