El “caso uniformes” grave problema para el gobierno de Ros
Los populares se reservan todas las acciones legales a la vista de las irregularidades en el concurso publico y las “enormes diferencias” económicas que aseguran los populares “huelen muy raro”
A principios del mes de Diciembre el Grupo Popular denunció graves irregularidades en un contrato de uniformidad policial por valor de 205.000 euros cuando en años anteriores se había gastado una cuarta parte (34.000 Euros en 2013 y 50.000 Euros en 2015). Los Populares hicieron hincapié en dos irregularidades, por un lado el incumplimiento de la Ley de contratos del Sector Público 3/2011, ya que el comité de expertos era “a todas luces ilegal”, de hecho se logró parar en la mesa de contratación, teniendo que nombrar otro comité. Por otro lado el pliego de condiciones no se ajustaba al Decreto 114/2005, licitando prendas con unas características técnicas que el decreto no recoge.
A fecha de hoy, según afirma Nacho Carratala, “no se ha modificado el pliego de suministro para la Uniformidad Policial, el decreto deja muy claro que únicamente se permite el azul celeste para las camisas de manga larga y corta, en ninguna otra prenda”.
El PP solicitó el día 15 de Diciembre al IVASPE un informe claro y conciso a este respecto, y “seguimos esperando respuesta” ya que afirman que el informe que tienen es ambiguo, ya que generaliza y no habla de los colores de cada prenda. Carratala también indica que “ayer también solicitamos un informe jurídico al secretario del ayuntamiento a este respecto, además solicitamos la paralización del proceso hasta tener dicho informe”.
El concejal de Seguridad Ciudadana aseguró en la prensa y el pleno ordinario de diciembre que la uniformidad no era azul celeste, ya que únicamente portaba una franja azul como puede observarse en esta fotografía eso no es cierto. (Fotografía Adjunta)
Comité de Expertos
Otro punto de conflicto ha sido el comité de expertos y sus “curiosas valoraciones técnicas”, hasta el punto de tener que anularse por ilegalidad manifiesta, ya que incumplía el Artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público.
De hecho, se creó un nuevo comité de expertos que emitió un nuevo informe “técnico” que viene a decir lo mismo que el del primer comité pero mejorando la redacción.
Carratala afirma que “estas afirmaciones carecen objetividad, siendo auténticos juicios de valor, de hecho cuando se han solicitado los certificados de calidad que justifiquen estas afirmaciones, nos han respondido que no los tienen, que lo que tienen es una declaración responsable”. Además, subraya que “viendo las fichas técnicas, y los certificaciones de calidad de AITEX (Instituto Tecnológico Textil) que nosotros si hemos pedido, esta supuesta diferencia de calidades no existe”.
Precios desorbitados
Tras todos estos aspectos “como mínimo irregulares, encontramos lo más flagrante de todo el proceso, los precios, el dinero que nos cuesta a los torrentinos estos movimientos que se están haciendo con las empresas licitadoras. Aparte de la más que cuestionable decisión de cambiar el color obligando a sustituir toda la uniformidad gastando 205.000 euros con las necesidades de actuales de población”.
El concejal popular denuncia que “en la mesa de contratación del lunes 21 de Diciembre se abrieron los sobres económicos, observándose una abismal diferencia de precios entre una empresa y otra, en algunas prendas de más del 100% justificando una supuesta diferencia de calidades que como hemos visto en las certificaciones no es tal, y que aunque lo fuese no justificaría tal diferencia de precios”.
Además, señala que “lo más flagrante de todo el proceso, es la diferencia de precios por los mismos modelos de una de las empresas en otros municipios. Es decir que por el mismo artículo en Torrent vamos a pagar entre un 20% y un 30% más, ya que presentando exactamente los mismos modelos, con mismo número de albaran en fechas similares son mucho más baratos en otros municipios”.
“Pensamos que en una licitación de un contrato público puede haber un fallo o error subsanable, pero un cúmulo de irregularidades tal como el que estamos viendo aquí, vulneraciones de Decretos, repetición de comités de expertos por la ilegalidad de los mismos, ausencia de certificaciones de calidad, juicios de valor subjetivos en las puntuaciones técnicas, y sobre todo las diferencias de precios, y la doble valoración de la misma empresa en el mismo producto en municipios distintos, nos hace pensar, como mínimo en presuntas irregularidades encaminadas a favorecer a una empresa en concreto, justamente la que le costará a los torrentinos entre un 80% y un 100% más. Por ello nos reservamos todas las acciones legales al respecto”
“No deja de ser curioso como los socios de gobierno del PSOE, los cuatro concejales de Compromís, adalides de la transparencia y el buen gobierno, y de la “pulcritud” en la política, estén respaldando codo con codo al gobierno en este tema, tanto en los plenos como en las mesas de contratación, y más después de haberles explicado toda la investigación que estamos llevando a cabo. Parece ser que pesan más los intereses políticos y los sillones, que la honestidad y la ética. Ya se ha olvidado aquello de rescatar personas.”
