por pptorrent | 1 Oct, 2020 | Mociones y Preguntas
MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A APROBAR DE MANERA URGENTE UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y COMBATA EFICAZMENTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS
Amparo Folgado Tonda, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrent, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y votación, la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018.
Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.
Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.
En la Comunidad Valenciana las denuncias por ocupación ilegal de viviendas han aumentado un 14,11% en el último año, y el propio gobierno valenciano ha informado que, además, hay 1.300 viviendas públicas ocupadas ilegalmente.
Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.
Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.
En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos.
Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.
Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero.
Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal: “la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real”.
Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.
Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.
El Grupo parlamentario popular también ha presentado en las Cortes Valencianas una Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el establecimiento de normas que contribuyan a evitar la ocupación ilegal que recoge las medidas de esta Proposición de ley presentada en el Congreso.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular, presenta la siguiente:
Por todo lo expresado, elevamos al Pleno la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
I.- Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Torrent, con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas.
Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda.
II.- Instar al gobierno de España a:
PRIMERO-. Aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
SEGUNDO-. Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
III.- Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, Senado y de las Cortes Valencianas.
TORRENT, 30 de septiembre de 2020
AMPARO FOLGADO TONDA
PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR DE TORRENT
A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT
por pptorrent | 1 Oct, 2020 | Mociones y Preguntas
MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A DEFENDER EL ORDEN CONSTITUCIONAL
Amparo Folgado Tonda, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrent, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y votación, la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española, apoyada por el 88,54% de los españoles, es el fruto de la Transición Española, uno de los hechos histórico-políticos por los que nuestro país es admirado internacionalmente puesto que se logró pasar de una dictadura a la democracia de una manera ejemplar.
Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico español y, además de establecer los derechos y deberes de los españoles, fija las instituciones básicas de nuestra democracia como son la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial.
Los españoles y los poderes públicos estamos sujetos al cumplimiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, especialmente aquellos que integran cualquiera de las mencionadas instituciones.
Así, tanto los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno central, autonómico o local, así como quienes integran el Poder Judicial se comprometen a desarrollar su labor “cumpliendo fielmente sus obligaciones, con lealtad al Rey y guardar, y hacer guardar, la Constitución como norma fundamental del Estado” cuando toman posesión de su cargo.
Por otro lado, nuestra Constitución también recoge la unidad de España, la separación de poderes, la solidaridad entre regiones y CCAA, y la libertad (por ejemplo, para elegir la lengua en la que se expresan o en la que estudian sus hijos) e igualdad de los españoles como elementos fundamentales de nuestro Estado de derecho.
En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos que tienen responsabilidades de gobierno y que han jurado “cumplir y hacer cumplir la Constitución”, han puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y el sistema político surgido del ejemplar proceso de la Transición Española
Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna, estableciendo una falsa relación entre los problemas de los españoles y los artículos de nuestra ley de leyes; han maniobrado para estigmatizar y vaciar de contenido las instituciones que nos definen como Estado de derecho; y algunos, incluso, han llegado a vulnerar abiertamente las leyes que todos nos hemos dado.
Las noticias que se han sucedido en los últimos meses y semanas y las declaraciones de los ministros en sede parlamentaria ponen de manifiesto como los ataques a la Constitución y a las más altas instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, han ido creciendo mientras el Gobierno de España no solo ha incumplido su obligación de “guardar y hacer guardar la Constitución”, sino que ha virado hacía postulados extremos, cercanos a quienes agreden nuestro orden constitucional.
Ante estos ataques a todo aquello que nos define como una democracia y un Estado de derecho moderno, el Grupo Municipal de Torrent, presenta los siguientes:
ACUERDOS
Instar al Gobierno de España a defender el orden constitucional y a:
- Reivindicar la Constitución de 1978 fruto de la Transición Española como base de nuestra democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación económica y social de nuestro país durante los últimos 42 años.
- Respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes que constituye uno de los fundamentos de nuestro Estado de derecho.
- Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, en derechos y deberes, de todos los españoles.
- Proteger y apoyar la labor realizada por todas las instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna.
Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la presidenta y portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
TORRENT, 30 de septiembre de 2020
AMPARO FOLGADO TONDA
PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR DE TORRENT
A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT
por pptorrent | 29 Sep, 2020 | Noticias
El PP presenta “trau la senyera” el 9 de octubre para que los balcones de Torrent se llenen de banderas de la Comunitat Valenciana
Folgado: “Este año más si cabe, es importante que los balcones de Torrent se llenen de Senyeres, como muestra de orgullo y celebración en un día tan importante para los valencianos y en el que no podremos celebrar ni la procesión cívica ni actos en la vía pública debido al COVID-19”.
La Portavoz del Grupo Popular, Amparo Folgado ha presentado la campaña Trau la Senyera 2020 que desde el Grupo municipal del Partido Popular se celebra cada año con motivo del 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana.
“Este año más si cabe, es importante que los balcones de Torrent se llenen de Senyeres, como muestra de orgullo y celebración en un día tan importante para los valencianos y en el que no podremos celebrar ni la procesión cívica ni actos en la vía pública debido a la COVID-19”, ha señalado Folgado. Los populares de Torrent también afirman que es una forma de mantener viva la tradición del Día de Sant Donís y la Comunitat Valenciana, así como recuperar un poco de autoestima a pesar de las restricciones que impiden la celebración de actos.
Para animar a los vecinos de Torrent a lucir sus Senyeres en los balcones de la ciudad, los populares han elaborado una serie de carteles e imágenes para compartir en las redes sociales y que puedan llegar al máximo de vecinos posible. Además, Folgado afirma que no será la única actividad que desde el Grupo Popular se va a realizar para celebrar el día de la Comunitat Valenciana.
por pptorrent | 29 Sep, 2020 | Noticias
“consultado con expertos, los edificios municipales con una considerable acumulación de gente, a pesar de las reducciones de aforo y la distancia, pueden ser un foco de contagio de COVID-19. Por lo que ante la imposibilidad de mantener una ventilación correcta, los purificadores de aire dotados de filtros HEPA suponen un idóneo sustituto a la ventilación natural”.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrent ha presentado, por registro de entrada, una solicitud para que el consistorio coloque equipos purificadores de aire, en instalaciones municipales cerradas al aire libre.
Los populares han realizado esta demanda, en base a las recomendaciones científicas de la necesidad de una buena ventilación en espacios cerrados, y de cara a la época del año que se acerca donde la ventilación de estos edificios se dificulta. En concreto, los aparatos purificadores de aire propuestos son los equipados con filtros HEPA, por sus siglas en inglés, que, según datos técnicos, poseen una capacidad de filtración de un 99,7% del aire que procesan.
La Portavoz popular, Amparo Folgado, ha explicado que “consultado con expertos, los edificios municipales con una considerable acumulación de gente, a pesar de las reducciones de aforo y la distancia, pueden ser un foco de contagio de COVID-19. Por lo que ante la imposibilidad de mantener una ventilación correcta, los purificadores de aire dotados de filtros HEPA suponen un idóneo sustituto a la ventilación natural”.
Medidores de CO2 en aire
En la misma solicitud, a su vez, el PP ha pedido que en estos mismos centros se instalen medidores de CO2 en aire, con lo que poder comprobar en cada momento si la ventilación del espacio es la correcta.
La ventilación en espacios cerrados, según el ámbito científico, reduce considerablemente la acumulación de gotas procedentes de la respiración suspendidas en el aire, y el control de CO2 en aire determina si esta ventilación es la correcta o no.
por pptorrent | 28 Sep, 2020 | Noticias
Bonig: “hay 25.000 valencianos esperando una vivienda pública, pero el Consell tiene 840 vacías y hay 1.300 ocupadas ilegalmente”
Mompó: “no hay ningún Estado democrático libre que no defienda de manera abierta el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos”
Folgado: “Torrent es una de las ciudades más castigadas por la ocupación ilegal de viviendas, no solo en el Casco Urbano sino en El Vedat, las urbanizaciones del término y Calicanto, como se ha podido ver en toda España este fin de semana”.
La Portavoz del PP en la ciudad de Torrent, Amparo Folgado ha recibido esta mañana en el Ayuntamiento de Torrent a la Presidenta Regional del PP, Isabel Bonig, al Presidente Provincial del PP, Vicent Mompó y al Diputado Nacional, Luís Santamaría con quienes se ha reunido para tratar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas.
Bonig ha señalado que más de 1300 viviendas del parque público de la Generalitat están ocupadas ilegalmente, y 840 vacías porque el Consell no invierte y eso “es una estafa” para las 25.000 familias en la Comunidad Valenciana que están en lista de espera esperando y cumpliendo la ley para que Puig les dé una vivienda con un alquiler social. “Hay muchas familias que siguen su procedimiento, se apuntan en una lista, presenta la documentación y guarda turno, pero hay otros que pegan una patada y ocupan, y eso es lo que no podemos consentir”, ha señalado.
Por eso, el PPCV ha propuesto que “el dinero de todos esos nuevos nombramientos de altos cargos, asesores y comisionados se dedique a rehabilitar esas 840 viviendas para que vayan destinadas a 840 familias vulnerables que lo necesitan. Eso se llama política para las personas lo demás demagogia”.
Bonig ha resumido las cinco claves del proyecto de ley: pretende que los ocupas no tengan más derecho que el legítimo propietario; establece un plazo de 12 a 24 horas para que voluntariamente la persona que ha ocupado ilegalmente una vivienda pueda irse y, tras ese tiempo, se puede iniciar el procedimiento; prevé que no se permitan los empadronamientos de gente que haya ocupado ilegalmente una vivienda, “son nulos de pleno derecho, para que no pueda acceder a una serie de beneficios que otorga el municipio de la localidad” ya que “no podemos dar carta de naturaleza a la ilegalidad”.
Además, contempla la reforma del Código penal para los delitos relacionados con la ocupación ilegal relacionado con mafias y que las comunidades de propietarios y de vecinos puedan actuar en el caso de una ocupación ilegal. “Esta propuesta excluye a las personas vulnerables, la ocupación ilegal no puede ser sustitutiva de la nefasta política de vivienda pública del señor Sánchez y de Puig”.
En la Comunidad Valenciana en los últimos cinco años no se ha desarrollado ni 1 m² de suelo público para gente necesitada
Bonig ha afeado que Puig el pasado lunes en el debate de Política general dijera que la ocupación ilegal no es un problema cuando en España ha crecido un 58% en los últimos años. Es más, ha explicado, según los datos del Ministerio del Interior, en la Comunidad Valenciana en 2019 hubo 496 ocupaciones ilegales denunciadas frente a las 566 que ha habido solo en estos seis meses de 2020. Es decir, ha añadido, un 14 % más en solo seis meses
Esta norma, ha añadido, no afecta a las personas vulnerables, solo a las mafias que están utilizando “la poca rectitud y energía de los gobiernos locales, autonómicos y nacionales de la izquierda para atajar este fenómeno. No podemos avalar la política de ocupación ilegal como una política sustitutiva a la nefasta actuación de los gobiernos de izquierda del PSPV, Compromís y Unidas Podemos por no llevar a cabo políticas públicas de creación de viviendas públicas para gente necesitada”.
El PP provincial propondrá un convenio con el colegio de abogados para asesorar a los ayuntamientos y atender a las víctimas
Por su parte, el Presidente Provincial del PP, Vicent Mompó ha defendido en el Ayuntamiento de Torrent que «no hay ningún Estado democrático libre que no defienda de manera abierta el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos». Para el dirigente provincial el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez debería «actuar ya contra los okupas» y no mirar hacia otro lado ni sumarse a la justificación que hace Podemos de este tipo de actos delictivos.
En el caso de la Diputación de Valencia, el Grupo Popular va a reclamar la creación de una oficina –a través de un convenio con el Colegio de Abogados– para prestar asesoramiento jurídico a los ayuntamientos y coordinar las acciones de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías locales.
Esta oficina también prestaría asesoramiento en mediación para atender a las víctimas de ocupaciones ilegales de viviendas y a las comunidades de vecinos de los inmuebles que se vean afectados por esta lacra social.
Vicente Mompó ha recordado que en Torrent hay okupaciones «en la urbanización de Calicanto y en muchos otros lugares de la provincia como Chiva, Alberic y en otras poblaciones de las comarcas de la Costera, l´Horta Nord y l´Horta Sud. Es algo que se ha extendido por toda nuestra geografía».
Torrent una de las ciudades más afectadas por la ocupación ilegal de viviendas
La Portavoz del Partido Popular en Torrent ha denunciado la problemática de la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad de Torrent. Además, ha señalado que “hasta el mes de julio se han producido más ocupaciones ilegales que en todo el año 2019” y ha vuelto a pedir la Policía de Barrio, instaurada por el PP en Torrent y eliminada en 2015 por Jesús Ros. Además, ha destacado que “Torrent es una de las ciudades más castigadas por la ocupación ilegal de viviendas, no solo en el Casco Urbano sino en El Vedat, las urbanizaciones del término y Calicanto, como se ha podido ver en toda España este fin de semana”.
Los populares de Torrent han tenido que mediar este verano para defender los derechos de los propietarios de viviendas ocupadas en la ciudad. Amparo Folgado ha recordado las actuaciones realizadas para visibilizar el problema y el éxito obtenido en un chalet ocupado hace dos meses. Amparo Folgado también ha explicado la forma en que actuó contra los ocupas ilegales en su etapa de alcaldesa, con actuación policial e inmediatez para lograr que los propietarios pudieran recuperar sus viviendas de inmediato, como fue el caso de las ocupaciones ilegales en las viviendas del IVVSA.
Folgado también ha apuntado “Torrent no ha construido ni un palmo de vivienda pública en los últimos cinco años con el gobierno de Jesús Ros” y ha recordado que “en cada Pleno preguntamos por el número de viviendas sociales y actuaciones en las familias más necesitadas, ya que lo más importante es trabajar con estas familias y evitar que caigan en manos de mafias, que les lleven a ocupar viviendas con los problemas que eso conlleva para ellos mismos”.
