Bonig: “hay 25.000 valencianos esperando una vivienda pública, pero el Consell tiene 840 vacías y hay 1.300 ocupadas ilegalmente”

Mompó: “no hay ningún Estado democrático libre que no defienda de manera abierta el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos”

Folgado: “Torrent es una de las ciudades más castigadas por la ocupación ilegal de viviendas, no solo en el Casco Urbano sino en El Vedat, las urbanizaciones del término y Calicanto, como se ha podido ver en toda España este fin de semana”.

La Portavoz del PP en la ciudad de Torrent, Amparo Folgado ha recibido esta mañana en el Ayuntamiento de Torrent a la Presidenta Regional del PP, Isabel Bonig, al Presidente Provincial del PP, Vicent Mompó y al Diputado Nacional, Luís Santamaría con quienes se ha reunido para tratar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas.

Bonig ha señalado que más de 1300 viviendas del parque público de la Generalitat están ocupadas ilegalmente, y 840 vacías porque el Consell no invierte y eso “es una estafa” para las 25.000 familias en la Comunidad Valenciana que están en lista de espera esperando y cumpliendo la ley para que Puig les dé una vivienda con un alquiler social. “Hay muchas familias que siguen su procedimiento, se apuntan en una lista, presenta la documentación y guarda turno, pero hay otros que pegan una patada y ocupan, y eso es lo que no podemos consentir”, ha señalado.

Por eso, el PPCV ha propuesto que «el dinero de todos esos nuevos nombramientos de altos cargos, asesores y comisionados se dedique a rehabilitar esas 840 viviendas para que vayan destinadas a 840 familias vulnerables que lo necesitan. Eso se llama política para las personas lo demás demagogia”.

Bonig ha resumido las cinco claves del proyecto de ley: pretende que los ocupas no tengan más derecho que el legítimo propietario; establece un plazo de 12 a 24 horas para que voluntariamente la persona que ha ocupado ilegalmente una vivienda pueda irse y, tras ese tiempo, se puede iniciar el procedimiento; prevé que no se permitan los empadronamientos de gente que haya ocupado ilegalmente una vivienda, “son nulos de pleno derecho, para que no pueda acceder a una serie de beneficios que otorga el municipio de la localidad” ya que “no podemos dar carta de naturaleza a la ilegalidad”.

Además, contempla la reforma del Código penal para los delitos relacionados con la ocupación ilegal relacionado con mafias y que las comunidades de propietarios y de vecinos puedan actuar en el caso de una ocupación ilegal. “Esta propuesta excluye a las personas vulnerables, la ocupación ilegal no puede ser sustitutiva de la nefasta política de vivienda pública del señor Sánchez y de Puig”.

En la Comunidad Valenciana en los últimos cinco años no se ha desarrollado ni 1 m² de suelo público para gente necesitada

Bonig ha afeado que Puig el pasado lunes en el debate de Política general dijera que la ocupación ilegal no es un problema cuando en España ha crecido un 58% en los últimos años. Es más, ha explicado, según los datos del Ministerio del Interior, en la Comunidad Valenciana en 2019 hubo 496 ocupaciones ilegales denunciadas frente a las 566 que ha habido solo en estos seis meses de 2020. Es decir, ha añadido, un 14 % más en solo seis meses

Esta norma, ha añadido, no afecta a las personas vulnerables, solo a las mafias que están utilizando “la poca rectitud y energía de los gobiernos locales, autonómicos y nacionales de la izquierda para atajar este fenómeno. No podemos avalar la política de ocupación ilegal como una política sustitutiva a la nefasta actuación de los gobiernos de izquierda del PSPV, Compromís y Unidas Podemos por no llevar a cabo políticas públicas de creación de viviendas públicas para gente necesitada”.

El PP provincial propondrá un convenio con el colegio de abogados para asesorar a los ayuntamientos y atender a las víctimas

Por su parte, el Presidente Provincial del PP, Vicent Mompó ha defendido en el Ayuntamiento de Torrent que «no hay ningún Estado democrático libre que no defienda de manera abierta el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos». Para el dirigente provincial el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez debería «actuar ya contra los okupas» y no mirar hacia otro lado ni sumarse a la justificación que hace Podemos de este tipo de actos delictivos.

En el caso de la Diputación de Valencia, el Grupo Popular va a reclamar la creación de una oficina –a través de un convenio con el Colegio de Abogados– para prestar asesoramiento jurídico a los ayuntamientos y coordinar las acciones de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías locales.

Esta oficina también prestaría asesoramiento en mediación para atender a las víctimas de ocupaciones ilegales de viviendas y a las comunidades de vecinos de los inmuebles que se vean afectados por esta lacra social.

Vicente Mompó ha recordado que en Torrent hay okupaciones «en la urbanización de Calicanto y en muchos otros lugares de la provincia como Chiva, Alberic y en otras poblaciones de las comarcas de la Costera, l´Horta Nord y l´Horta Sud. Es algo que se ha extendido por toda nuestra geografía».

Torrent una de las ciudades más afectadas por la ocupación ilegal de viviendas

La Portavoz del Partido Popular en Torrent ha denunciado la problemática de la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad de Torrent. Además, ha señalado que “hasta el mes de julio se han producido más ocupaciones ilegales que en todo el año 2019” y ha vuelto a pedir la Policía de Barrio, instaurada por el PP en Torrent y eliminada en 2015 por Jesús Ros. Además, ha destacado que “Torrent es una de las ciudades más castigadas por la ocupación ilegal de viviendas, no solo en el Casco Urbano sino en El Vedat, las urbanizaciones del término y Calicanto, como se ha podido ver en toda España este fin de semana”.

Los populares de Torrent han tenido que mediar este verano para defender los derechos de los propietarios de viviendas ocupadas en la ciudad. Amparo Folgado ha recordado las actuaciones realizadas para visibilizar el problema y el éxito obtenido en un chalet ocupado hace dos meses. Amparo Folgado también ha explicado la forma en que actuó contra los ocupas ilegales en su etapa de alcaldesa, con actuación policial e inmediatez para lograr que los propietarios pudieran recuperar sus viviendas de inmediato, como fue el caso de las ocupaciones ilegales en las viviendas del IVVSA.

Folgado también ha apuntado “Torrent no ha construido ni un palmo de vivienda pública en los últimos cinco años con el gobierno de Jesús Ros” y ha recordado que “en cada Pleno preguntamos por el número de viviendas sociales y actuaciones en las familias más necesitadas, ya que lo más importante es trabajar con estas familias y evitar que caigan en manos de mafias, que les lleven a ocupar viviendas con los problemas que eso conlleva para ellos mismos”.

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