Afirman que se incumple un Decreto de la Generalitat, que el proceso ha estado “plagado de sombras” y que se adjudica a la empresa que los suministra un 100% más caro que sus rivales.

 El ya conocido como “Caso Uniformes” de Torrent sigue dando mucho de que hablar, y lleva camino de camino de convertirse en uno de los grandes caballos de batalla de la oposición en Torrent.

El gasto de 205.000 euros en uniformidad, un proceso paralizado en la mesa de contratación, una batalla legal por los colores permitidos en el decreto 114/2005 de la Generalitat, la ausencia de certificados de calidad y finalmente la proposición de adjudicación a la empresa más cara, han hecho del Caso Uniformes uno de los principales problemas del gobierno socialista de Torrent.

El Grupo Popular ya denunció en dos ruedas de prensa las “graves irregularidades” en el proceso, que habían llevado a la letrada de la mesa de contratación a proponer dejar el expediente “encima de la mesa” para su estudio.

Los populares han acudido al Síndic de Greuges para que emita un dictamen sobre la legalidad de este proceso de contratación, ya que afirman el proceso está “plagado de sombras” con multitud de irregularidades administrativas.

El edil popular Nacho Carratalá, responsable de la investigación de este tema afirma; “Hemos solicitado al Ayuntamiento tanto un nuevo pliego que se ajuste a la legalidad, como un nuevo procedimiento de contratación limpio y transparente, que permita que todas las empresas se puedan presentar en igualdad de condiciones. A día de hoy seguimos sin respuesta y por ello acudimos al Síndic de Greuges para que emita un dictamen al respecto” 

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